La Ley General de Personas con Discapacidad (27050), establece la
incorporación de ciudadanos con impedimento físico, mental o sensorial, en un
porcentaje del 3 por ciento del total de personal laborable en cualquier
entidad pública. El mismo decreto exige que toda entidad pública y privada
tenga, como parte de su edificación, rampas de acceso a quienes sufran
cualquier limitación motora.
Ninguna de estas disposiciones se respeta
a cabalidad -pese a que en el 2009 se promulgó otra regla que fija sanciones
severas por su incumplimiento- en una sociedad peruana donde más de tres
millones tienen alguna minusvalía, según INEI. Basta recorrer la mayoría de entidades estatales y privadas para darse cuenta. Incluso, un colombiano, Lázaro
Martínez, quiso llamar la atención de las autoridades y recorrió durante 33
horas, con la asistencia de paramédicos y la mirada atenta de jueces
internacionales, el contorno de la plaza de armas de Trujillo sin descansar un
minuto a bordo de su vieja silla de ruedas. Su notable logro, concretado en
octubre del 2010, fue inscrito en el Libro Guinness.
Ojalá, aquel esfuerzo, y quizá de alguna figura congresal en el Día de la Persona con Dispacidad en el Perú, sirva para que nuestros hermanos ‘diferentes’ (me resulta inadecuado el término
‘discapaz’ y desde allí podrían partir los hacedores de leyes) tengan el
espacio que merecen, sino a nivel nacional, al menos en una región liberteña
que sólo crece económicamente.
Hasta la próxima.
o.rivasplata@pucp.edu.pe
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